Actualmente el numero de españoles y españolas gitanos/as puede estar entre 500.000 y 650.000 personas, según datos recientes del Secretariado General Gitano, lo que representa el 1,4% del total de la población española, aunque algunas fuentes lo sitúan hasta en 800.000 personas.

La mayoría de los españoles y españolas gitanos/as viven en una situación de pobreza, y un porcentaje importante en una situación de pobreza grave o extrema. (2) Esta pobreza, en muchos casos relacionada con el chabolismo, los asentamientos segregados y el hacinamiento, es uno de los rasgos que más "inciden en la representación social que tiende a asociar "lo gitano" con los peores rasgos de la marginalidad (drogas, delincuencia)... perjudicando gravísimamente a muchos de ellos y a las familias que, aún estando en niveles de precariedad social nunca han realizado actos delictivos de ningún orden". (3)

Aunque la Constitución de 1978 marcó un importante hito para el pueblo gitano, al reconocerle el acceso formal a todos los derechos de la ciudadanía y al garantizar su protección frente la discriminación, a la vez coincidió con procesos que han tenido efectos devastadores sobre las formas de economía de la comunidad gitana.

En parte por la profunda discriminación laboral que les cierra el acceso a muchos trabajos, y en parte, por ciertos rasgos culturales y históricos, los gitanos y las gitanas se han dedicado a ciertos oficios concretos, con más o menos suerte. En el siglo pasado sus servicios como herreros y artesanos rurales, el "chalaneo" y el comercio ambulante, fueron bastante apreciados y algunos autores hablan de ese momento histórico como de cierta "edad de oro", respecto a los oficios gitanos.

Sin embargo la decadencia de la economía rural y de las formas de producción artesanal, frente a la creciente industrialización, ha sido una constante a largo de este siglo, aún más acelerada en la segunda mitad. A partir de finales de los 70, la crisis económica hizo estragos en dos de los oficios más importantes para los gitanos: la recogida de chatarra y la venta ambulante. Comienza una mayor competencia con los sectores más precarios de la sociedad paya, y con un creciente numero de inmigrantes, y cada vez más personas compiten por recursos y mercados cada vez más escasos. La creciente utilización de inmigrantes, a menudo indocumentados, en los trabajos de baja cualificación, particularmente en la construcción, el trabajo agrícola o, en el caso de las mujeres, el trabajo de limpieza, representa otra amenaza a sus posibilidades económicas.

Otro factor importante, que ha influido en la exclusión laboral y en la precarización de la comunidad gitana, ha sido la creciente formalización de la economía, con un mayor control por parte del Estado, a través del sistema fiscal y de la regularización de la actividad económica. Hace relativamente pocos años, un porcentaje importante de españoles y españolas trabajaban en lo que hoy se llamaría economía informal, con escasa o nula regularización. En los últimos años se ha dado un importante proceso de formalización de muchas áreas de la economía.

Sin embargo, la capacidad de muchas gitanas y gitanos de regularizar sus actividades de venta ambulante y "chatarreo" ha sido más difícil, debido, por un lado, a que son actividades que reportan pocas ganancias y los costes de regularización son demasiado elevados. Por otra parte, debido al escaso prestigio social de este tipo de actividades, su regulación no ha sido impulsada desde la Administración. Además, existe cierta desconfianza y falta de experiencia en las relaciones con la Administración, lo que ha hecho que posibles procesos de regularización no hayan sido aprovechados por muchos gitanos y gitanas.

Estas dificultades de formalización económica, con las que se han topado muchos gitanos y gitanas, han supuesto, por una parte, unos mayores obstáculos para ganarse la vida, y por otra, una creciente dinámica de ilegalización de su actividad económica. Es importante recalcar que este proceso está dentro un contexto de profunda discriminación laboral hacia la comunidad gitana, limitando muchísimo sus posibilidades de acceder a otros trabajos y áreas de la actividad económica.

Este proceso coincide con una fuerte inmigración a las ciudades, un éxodo traumático para una población cuya cultura, formas de vida y economía, mayoritariamente estuvieron vinculadas al medio rural, pero de modo muy distinto a la población paya inmigrante, que en el campo eran pequeños campesinos o proletarios agrícolas. La mejora en el acceso a una vivienda tenía el efecto de exigir fuentes de ingresos más regulares, algo difícil dentro de los trabajos de la venta ambulante, la chatarra o el temporerismo.

La política de la Administración, en muchas de las grandes urbes, se tradujo en potenciar barrios gitanos donde se juntaba a centenares de personas, con diferentes trayectorias y procedencias. Este tipo de procesos, analizados en profundidad por Teresa San Román (4), chocaron bastante con la dinámica propia de vivir en pequeños núcleos de familia extensa. Los resultados de esta agrupación fueron nefastos en muchos casos, haciendo que se aumentara la competitividad económica por recursos y mercados escasos, y se debilitaran los cauces tradicionales del mediación de conflictos intra e inter grupales. En este contexto nació el fenómeno de caciquismo y se perdió capacidad para ejercer mecanismos de sanción y control social informal sobre actividades que la propia comunidad reprobaba.

Este último factor es aún más importante, ya que, para muchos gitanos y gitanas, la ley paya no servía para poder resolver sus conflictos, por dos razones fundamentales, por un lado, existía una falta de interés patente, por parte del Estado en entrometerse en asuntos "entre gitanos" y, por otro, la experiencia vital de muchos gitanos y gitanas, era la de ser sistemáticamente víctimas de la ley paya y en absoluto protegidos por ella, tal y como se expondrá más adelante.

Así, en la década de los 80’, encontramos una situación de barrios, cuando no "guetos", de población mayoritariamente gitana cada vez más "al margen" de las posibilidades económicas, excluida de muchas de las instituciones de la sociedad paya y con crecientes dificultades para resolver sus conflictos internos. En este contexto es cuando se introduce otro elemento: el rápido aumento del consumo de droga, y en particular de heroína, en España.

En algunos poblados, elementos minoritarios con cierta trayectoria delictiva, se introducen en el negocio de venta de la heroína, trabajando como minoristas para los importadores/narcotraficantes. Este último grupo, no gitano, lo componen redes españolas, turcas, e iraníes, entre otras.

La política de la Administración muestra una gran pasividad frente a estas redes de venta, a la vez que hay una presión sobre otros canales de distribución más visibles y menos apartados que los poblados. En algunas ciudades y barrios, miembros de la comunidad gitana fueron capaces, con colaboración en algunos casos de la policía, de expulsar este nuevo negocio, sin embargo en otros no fue posible. Empiezan los procesos de "contagio". La gente ve cómo algunos vecinos empiezan a ganar dinero con cierta impunidad, gracias a la venta de droga, mientras ellos viven en una situación de gran precariedad económica. A la vez, la imagen del barrio se transforma, con la creciente presencia de drogodependientes, quienes por otra parte se presentan como un mercado "llave en mano". Este mercado, constituido por jóvenes marginados/as, sufre por otro lado, la reprobación de la sociedad paya, lo que hace que resulte más difícil percibir como sancionable venderles droga, lo que después de todo, ellos y ellas están pidiendo.

Otro factor que ha contribuido a la extensión de la venta, son los vínculos familiares. Si un núcleo familiar empezaba a tener éxito en la venta, era fácil que otros miembros de la familia extensa acabarán colaborando, incluyendo a los familiares de fuera del barrio, que se encuentran en viviendas "normalizadas".

Un último factor en la extensión del comercio de drogas, es el comienzo del consumo de heroína entre la población gitana a unos niveles alarmantes. En la aparición de este fenómeno ha influido, por un lado, la marginalidad que viven muchos jóvenes gitanos y gitanas y, por otro, el hecho de que el punto de venta fuese en su propia casa, lo cual les ponía la droga muy a mano. A esto se ha unido la falta de programas de prevención. (5)

El consumo y la adicción abren una espiral, a partir de la cual, una parte cada vez más importante del negocio de la venta de droga, se dedica a mantener el habito de familiares adictos.

Estos procesos hacen que, en poco tiempo, lo que fue la actividad de una pequeña minoría, se contagie a un porcentaje significativo de familias de determinados poblados, llegando a ocupar, en algunas ciudades, una parte importante dentro del trafico del "menudeo". Se estima que en la Rosilla y la Celsa de Madrid entraban, en los momentos álgidos, más de 2.000 adictos al día. Sin embargo, es muy difícil de calcular cuál es el porcentaje de la venta total de heroína que se realiza en los poblados, ya que ni siquiera hay estimaciones muy fidedignas sobre el volumen de consumo, a la vez que la venta en estos poblados es mucho más visible que otros canales de distribución.

Aunque la venta de heroína a través de estos canales es importante, no es cierta la idea de que toda la venta de heroína "al por menor" en España esté monopolizada por los gitanos. En algunos lugares se ha detectado una competencia importante en él trafico de "menudeo", por parte de otros colectivos marginales, llegando incluso a expulsar a los gitanos y gitanas que traficaban en la zona, como es el caso del barrio de San Francisco en Bilbao.

Últimamente ha aumentado la venta en cocaína en algunos de los poblados, debido en cierta medida, a la politoxicomanía de los drogodependientes. Sin embargo, los poblados no son en absoluto significativos en el menudeo de esta sustancia, así como en el caso de otras sustancias prohibidas.

Varios expertos en la materia afirman que, ni proponiéndoselo podrían construir un mecanismo mejor, para asegurar la construcción de redes de distribución al menor de heroína, como el creado a raíz de la política seguida hasta ahora. Tampoco parece que la política actual, de desmontar los poblados de mayor venta, vaya a cambiar la situación, ya que sólo se desplaza a otros barrios aun más apartados, como en el caso de Las Barranquillas en Madrid, sustituyendo La Celsa y La Rosilla. (6)

Existe una imagen contradictoria del gitano o gitana traficante, pues aunque la gente puede aceptar que la marginalidad y la pobreza son un buen caldo de cultivo para ciertas actividades delictivas, y en particular para el trafico de drogas, sin embargo, a la hora de hablar de los vendedores gitanos, es muy habitual que se les reproche haber ganado mucho dinero. Si bien es cierto que algunas personas han ganado mucho dinero con la venta de droga, para la mayoría de los gitanos y gitanas que se dedican a ello, ha sido una actividad más bien de subsistencia, debido a la estructura piramidal del comercio de estas sustancias. Con el aumento en la oferta y la bajada de precios, los márgenes son cada vez menores en el "menudeo" (7). Por otro lado, la represión penal implica, a menudo, que se pierda todo lo ganado, entre pagos a abogados, proveedores, incautación de bienes y mantenimiento de familiares en la cárcel, en una espiral donde cada vez resulta más difícil dejar la venta por otra actividad lícita.

Las mujeres gitanas dentro de esta dinámica

Es muy frecuente escuchar la opinión de que la causa de la alta representación de las mujeres gitanas en la cárcel es la autoinculpación para salvar a los hombres gitanos. Popularmente se expresa que las gitanas presas se están "comiendo los marrones" de sus maridos. A raíz de las encuestas y entrevistas, hemos ido relativizando este análisis tan contundente, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque se basa en una descripción de la mujer gitana como un ser sumiso, pasivo y complemente dominado por el machista, autoritario (y primitivo) hombre gitano. Esta visión parece poco acertada, y muy estereotipada, a la hora de entender las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la comunidad gitana. Y en segundo lugar, porque refuerza otro discurso muy extendido, y que exime a la sociedad paya de cualquier responsabilidad, ya que al final, la culpa de todos los "males" que padece la población gitana la tienen ellos mismos, en este caso los hombres gitanos.

Pensamos que la realidad es mucho más compleja y que cualquier aproximación a la incidencia que tiene "ser mujer" en esta dinámica, pasa por analizar el papel de las mujeres dentro de la cultura gitana. Éstas, lejos de caracterizarse por la sumisión y la pasividad, suelen ser protagonistas dentro de la vida económica, el mantenimiento de los valores y estructuras de su cultura. Las mujeres gitanas, en general, tienen un alto nivel de participación en la actividad económica, organizada en torno al núcleo familiar. Por otro lado, las mujeres participan, en mayor medida que los hombres, en las continuas labores de apoyo a familiares necesitados, sea económicamente, sea por enfermedad o por estar en la cárcel.

Todo esto no quiere decir que las mujeres gitanas no posean importantes limitaciones a la hora de desarrollar opciones individuales, o incluso de cara a decidir sobre cuestiones tan íntimas como la reproducción. Estas importantes limitaciones influyen también en la capacidad de una mujer, para decidir si quiere participar en una actividad delictiva propuesta por su compañero.

Por otra parte, la exclusión laboral afecta directamente a las mujeres gitanas, no sólo indirectamente por la exclusión de su marido. Uno de los datos más elocuentes obtenido en nuestra encuesta es, que mientras el 55% de las mujeres se identifican como vendedoras ambulantes, justo antes de su detención sólo el 25% afirma ejercer esta actividad, mientras un 22% se dedica al "trapicheo". La creciente precariedad e ilegalización del trabajo de venta ambulante, es un factor que impulsa a bastantes mujeres a esta otra rama del comercio. La relación entre las limitaciones de la venta ambulante y el incremento del tráfico de drogas entre la población gitana más pobre, fue mostrada muy claramente en el barrio de los Focos en Madrid a principios de los 90’. En una negociación con el Ayuntamiento, se obtuvo la promesa de aumentar los permisos para vendedores ambulantes, a cambio de detener el comercio de drogas. El acuerdo por parte de los vecinos y las vecinas de Los Focos funcionó, hasta que pasaban los meses y los permisos no llegaban. Ante esta situación, fue imposible, por parte de las personas que estaban en contra, frenar el regreso al tráfico.

Todas las condiciones apuntadas son las que hacen que, cuando comenzó el negocio de la droga, no fuese el hombre sólo el que se introdujera, de forma individual, como normalmente ocurre en otros canales de distribución, sino que la mujer participaba con él. Hay una cierta división de trabajo. Ellas suelen despachar a los clientes en casa, mientras los hombres están dedicados a vigilar. No en vano, los consumidores y consumidoras suelen referirse a su proveedor como "la gitana".

De las reclusas entrevistadas también hemos encontrado mujeres solas, que por haber enviudado o por haber roto la relación con su compañero, se ven en situaciones de extrema pobreza y con un buen número de hijos e hijas a su cargo. Son ejemplos claros de feminización de la pobreza, en los cuales la intervención de estas mujeres en el "menudeo" de la droga, se debe casi a un estado de necesidad.

Por otro lado, a medida que la policía detiene a las primeras generaciones de vendedores, a veces, son las mujeres las que sustituyen a los hombres y las que asumen el mantenimiento del negocio. La detención y el juicio representan un importante gasto económico, (abogados/as y deudas con el proveedor mayorista, principalmente) que unido al gasto que implica tener familiares en la cárcel y, en bastantes casos, a la incautación de bienes y dinero, fuerzan a las a las mujeres a continuar el negocio de la venta de droga.

Esta necesidad de sustitución es aún más fuerte, a medida que aumenta el consumo entre los miembros de la familia, que hasta hace poco afectaba principalmente a los hombres. Por un lado, los miembros de la familia consumidores, son menos aptos para la venta y, por otro, una parte importante de los beneficios se destinan a satisfacer las necesidades del consumo propio de estos familiares. Así empiezan las dinámicas que permiten que encontremos a tres generaciones encarceladas juntas, incluyendo a mujeres de más de 60 años.

Hay ciertas teorías que explican el aumento de la tasa de mujeres reclusas, como resultado de los efectos del proceso de emancipación de las mujeres. Sin embargo, parece más convincente relacionar este aumento con la feminización de la pobreza, y en el caso de la mujer gitana, además, con una actitud de gran lealtad a los compromisos y obligaciones asumidos por la familia, sean los que sean.

En los procesos que se han analizado parece que, más que una dinámica de autoinculpación, existe una dinámica de detención - juicio – reclusión, de familias enteras. En este sentido, los datos de la encuesta son bastante ejemplificadores. Hemos podido conocer que el 63% de las reclusas gitanas posee familiares encarcelados, y que el 74,1% de ellas tiene a su compañero preso. Esta es una de las características específicas de las reclusas gitanas y evidencia una desestructuración importante del núcleo familiar.

Ello no quiere decir que no se den algunos casos de autoinculpación. Pueden existir presiones, por parte de los hombres, para que las mujeres se autoinculpen. Ésta también puede ser motivada por la propia voluntad de la mujer, como reflejo de una cierta sobreprotección hacia el hombre o porque se valora que éste puede tener más herramientas para organizar la defensa legal y apoyo necesarios en el medio penal y carcelario.

No hemos podido comprobar hasta qué nivel se realiza la autoinculpación o si tiene algún efecto sobre los resultados de los juicios. La simple presencia de una persona en un domicilio donde se esta realizando la venta de estupefacientes, en el que estén presentes otras personas, no es suficiente prueba para condenar a esas personas por un delito de tráfico de drogas. Fuentes policiales nos han informado que en algunas operaciones las mujeres declaran que la droga es suya, aunque a veces sucede al contrario. La idea de que las mujeres vayan a obtener una menor condena que los hombres, no parece plasmarse en la realidad ya que en general el argumento preconizada por algunos autores, de "caballerosidad" del sistema penal, ha sido rebatida por diversos estudios sobre la discriminación por razón de sexo en el sistema judicial, sobre todo en delitos contra las personas (8). Una de las razones de la mayor dureza de la respuesta judicial ante las mujeres puede ser que el delito supone, en el caso de éstas, una doble contravención, por una parte de la ley escrita, pero por otra (la más imperdonable) del rol social femenino de sumisión y obediencia.

Como excepción a esta tendencia, cabe citar una sentencia de la Audiencia Provincial de Santander, de principios de los 90’, en la que un juez rebajó la pena a una mujer gitana pues "es analfabeta y vive en un régimen matrimonial de gran sumisión al marido, características de los usos y comportamientos del pueblo gitano, al que los procesados pertenecen". Sin embargo, hemos podido saber, a través de la encuesta Barañí, que la condena media de las mujeres gitanas es de 6’7 años de prisión, lo que pone de manifiesto que no se trata precisamente de condenas "rebajadas".

Aunque no disponemos de datos desglosados con relación a los gitanos reclusos, parece que, si bien hay un número mayor de hombres presos por delitos contra las personas (en caso de las mujres gitanas es en torno al 7%), el porcentaje de reclusos y reclusas gitanas por delitos contra la salud publica, es similar.

Hasta ahora, hemos hecho referencia a las dinámicas y a las circunstancias que influyen en la actuación de las mujeres encarceladas por delitos contra la salud publica, que suponen un 60% de las mujeres encuestadas.

La adicción a las drogas entre las mujeres gitanas

Quizá el dato más sorprendente de nuestro estudio haya sido el altísimo porcentaje de reclusas gitanas (un 45%) que han consumido o consumen en la actualidad algún tipo de droga. De éstas, la mayoría está en la cárcel por un delito contra la propiedad, relacionado con dicho consumo.

Antes de realizar la encuesta, a raíz de los contactos con distintas personas y profesionales relacionados con la población gitana, partíamos de la idea de que el consumo de drogas entre mujeres era algo nuevo, que representaba sólo una pequeña franja. Es importante recordar que entre muchos gitanos, aun está muy mal visito, incluso, que las mujeres fumen tabaco. Del mismo modo, en algunas de las cárceles visitadas, hemos podido detectar las tensiones que separan a las gitanas consumidoras del resto de ellas, algo que entre los hombres no pasa.

El hecho de no imaginar lo extendido del consumo de drogas entre las reclusas gitanas, es el motivo de que nuestra encuesta no estuviera preparada para profundizar en las trayectorias de consumo y en la reacción del entorno de estas mujeres ante su adicción.

El alto porcentaje de gitanas drogodependientes, entre la población reclusa, no sabemos si representa un aumento de las mujeres gitanas consumidoras o si se debe, sobre todo, a que éstas son especialmente vulnerables a los procesos de selección del sistema penal, por recibir la sanción de su entorno y a la vez sufrir una doble exclusión dentro de la sociedad en su conjunto, por ser gitana y pobre. Otra variable que no hemos podido contrastar es el porcentaje de mujeres gitanas que se inicia en el consumo una vez en la cárcel, si bien hemos tenido constancia de que ello ocurre por los relatos de las mujeres encuestadas.

En el documento del Secretariado General Gitano, "El fenómeno de las drogas en la comunidad Gitana" (mayo 1993), se hace la siguiente reflexión sobre actitudes hacia el consumo:

"El contexto familiar se mueve en dos posturas contrarias, por una parte es sobreprotector (ejercen un fuerte control sobre los hijos, arropan a éstos si tienen problemas de consumo, porque están malitos", etc) o son castigados (cuando tienen el problema les amenazan con matarlos, echarlos de casa, etc)"

Este mecanismo de castigo puede estar operando aún más duramente contra las mujeres, con el resultado de que pierden el apoyo familiar, entrando en la exclusión aún más feroz la drogodependiente, excluida de la sociedad mayoritaria, sin el apoyo familiar tan clave en la cultura gitana, y debido a su educación, limitados recursos de obrar como mujer con autonomía.

2. Según los datos del Informe FOESSA (1998).
volver

3. Asociación Secretariado General Gitano. Seminario Adalí Calí (octubre 1999).
volver

4. Teresa San Román, La diferencia inquietante. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1991.
volver

5. El estudio del Secretariado General Gitano, El fenómeno de las drogas y la comunidad gitana, mayo 1993, profundiza sobre los rasgos específicos de la drogodependencia en la comunidad gitana.
volver

6. En palabras de un trabajador social de los poblados de Madrid, <La administración tiene tres opciones para tratar el problema que representan los miles de heroinómanos: administrarles la heroína, matarles o dejar que alguien se la venda. No se atreve a poner en marcha la primera opción, la segunda es muy fea, así que escoge la tercera opción. Básicamente los pequeños traficantes gitanos y gitanas están haciendo el "trabajo sucio" para nosotros, y encima los "machacamos" responsabilizándoles del problema>.
volver

7. Según fuentes policiales, actualmente las ganancias de los vendedores de heroína están en torno a las 500 pesetas por cliente.
volver

8.En este sentido resulta concluyente el estudio La Mujer ante la Administración de Justicia. El caso del parricidio. Concepción Fdez. Villanueva (y otras autoras) Editado por el Instituto de la Mujer en 1988.
volver