La sobrerepresentación de las minorías étnicas en los procesos de criminalización y en la cárcel es una realidad comúnmente extendida en los países occidentales.

Michael Tonry (1997:6), afirma que los "miembros de algunos grupos minoritarios desfavorecidos en los países occidentales tienen, de una forma desproporcionada, más posibilidades de ser detenidos, condenados y encarcelados por delitos contra la propiedad, contra las personas o contra salud publica".

Los ejemplos de desproporción punitiva hacia los miembros de grupos étnicos minoritarios, son numerosos. En Estados Unidos, la tasa anual de detenidos entre la población negra, según datos de 1995, es de 6.926 por 100.000 habitantes, frente a la tasa de blancos, de 919 por 100.000 habitantes .

A partir de cifras de 1991, las estadísticas del Ministerio de Justicia de EEUU han mostrado que a lo largo de una vida, la probabilidad que un negro americano tiene de sufrir una pena de prisión superior a un año, llega al 28’5%, contra 16% para un latino y 4’4% para un blanco.

La Encuesta Nacional de Victimización de ese país, indica que un 26% de los agresores en delitos contra las personas fueron negros –que representan el 12% de la población total- y, sin embargo, el 39% de las personas detenidas por este delito son de raza negra.

En delitos relacionados con la posesión de estupefacientes, la desproporción es también señalada, ya que sobre el total de consumidores de drogas, la población negra representa un 13%, y sin embargo, este grupo étnico supone el 35% de los detenidos por posesión de estupefacientes, el 55% de los condenados por este delito, y 74% de los encarcelados.

Estos datos se recogen en el libro Rich get Richer and the Poor get Prison por Jeffrey Rieman, que es una importante aportación al estudio y análisis de los mecanismos de selección penal en los EEUU, que sobrerepresentan a pobres y miembros de grupos étnicos minoritarios. (12)

En Inglaterra, en 1993, los reclusos y las reclusas africanas o de las Antillas-Guayana, representaban un 11% de la población penitenciaria, y, sin embargo, suponen sólo un 1,8% de la población del país. En Francia la población extra-comunitaria encarcelada representa el 26%, mientras su representación entre la población del país es del 6% (Wacquant, 1999: 63-67). En Australia, la sobrerepresentación de aborígenes encarcelados es doce veces superior a su presencia en la sociedad, y en Canadá esa diferencia es de 16 veces más para la población indígena. (Tonry, 1997: 6).

Entre las causas de la sobrerepresentación de las minorías étnicas en el recorrido penal y en la cárcel, se ha detectado una mayor imposición de las penas de prisión frente a estos colectivos. De este modo, los resultados de algunas investigaciones ponen de manifiesto que frente a una infracción igual, las personas pertenecientes a etnias minoritarias tienen mayores probabilidades de recibir una sanción más severa y estigmatizante, como la prisión. Por ejemplo, en los Países Bajos, la probabilidad de ser sancionado con una pena de prisión es sistemáticamente más elevada, para una primera infracción, cuando el condenado es de origen africano o surinamés (Tonry, 1997: 257-310). En Francia, "el demógrafo Pierre Tournier ha demostrado que, según los delitos, la probabilidad de ser condenado a una pena de prisión, es entre 1,8 y 2,4 veces más elevada para un extranjero que para un francés" (Wacquant, 1999: 65).

En el caso de la población gitana española, no existen estudios ni estimaciones al respecto. Puede pensarse que se debe a la ausencia de datos oficiales sobre características étnicas en este país. Sin embargo, de los países citados, sólo Estados Unidos recoge de forma oficial los datos sobre etnia en el sistema judicial y penitenciario. El resto de países en los que se ha estudiado la relación entre etnia y criminalización, encuentran las mismas dificultades que se presentan en España.

Los datos que hemos obtenido sobre las mujeres gitanas encarceladas, superan incluso las cifras más escandalosas de las citadas, ya que la representación de este colectivo tras los muros de la cárcel llega a ser 20 veces mayor a su representación entre la población general.

12. A través de las entrevistas realizadas por nuestro equipo a profesionales del sistema penal español, ha sido curioso constatar que si bien todos y todas (sin excepción) aceptan que existe una fuerte discriminación étnica contra la población negra, en el sistema penal y en los mecanismos de la justicia de los EEUU, sin embargo niegan casi unánimemente que frente a la comunidad gitana española puedan existir procesos parecidos.
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